El progreso económico de Galicia está condicionado al desarrollo de la energía eólica. La industria es el sector que ofrece empleo de calidad y estable, por lo que fija población y buen nivel de vida allí donde se establece; mientras que el sector servicios se caracteriza por la estacionalidad de la ocupación. Periódicamente surgen y se anuncian nuevos proyectos fabriles al amparo de los fondos Next Generation de la Unión Europea que exigen disponer de nueva energía renovable y barata. Nuestros estudios recientes ya hablaban de la existencia de una treintena de proyectos industriales relevantes, que necesitarían 8 tera vatios/hora (TWh) de electricidad al año. Estas inversiones, que superarían los 6.300 millones de euros y la creación de 14.000 empleos en los próximos años, dependen exclusivamente de que se construyan los parques eólicos que ya cuentan con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental y el permiso de construcción.
A pesar de estas buenas perspectivas, estamos completamente paralizados desde hace tres años. Unos sesenta proyectos de aerogeneradores, que suponen alrededor de 3.000 MW de potencia, están afectados por su judicialización. Así que estamos esperando a que el Tribunal Superior de Galicia se pronuncie sobre todos los recursos, toda vez que el Tribunal Supremo anuló la sentencia del Superior gallego en el caso de Corme, validando la tramitación ambiental ejecutada por los funcionarios de la Administración gallega. El procedimiento que se sigue en Galicia es absolutamente garantista y legalista. Llevamos veinticinco años haciendo las tramitaciones ambientales de la misma forma y nunca hubo problemas, y las hacemos exactamente igual que en el resto de las autonomías, no somos diferentes. Y, por si fuera poco, la UE ha declarado la energía un bien de interés público superior. La certeza y seguridad jurídica son indispensables para que los promotores eólicos y las inversiones industriales sigan apostando por Galicia, porque las empresas solo se instalan donde se produce energía barata.
Otras comunidades autónomas están avanzando en la generación de energía renovable para proyectos de gran trascendencia, como es el caso de Aragón, multinacionales que eligen territorios donde se les garantiza nueva energía renovable a precios competitivos. Y no olvidemos a las empresas electrointensivas ya existentes, como el caso de Alcoa en A Mariña, que también precisan energía barata para sobrevivir, algo que solo puede dar la tecnología eólica. Esta es la realidad en la que nos movemos. La inmensa mayoría de los gallegos, cerca del 90 por ciento, está a favor de la implantación eólica. Tenemos un recurso renovable de extraordinaria calidad y la mejor arma para luchar contra el cambio climático: el viento. Si no lo convertimos en energía, estamos abocados a mayor dependencia, pobreza y emigración.
MANUEL PAZO
Presidente de la Asociación Eólica de Galicia