La transición energética, herramienta decisiva contra el cambio climático, corre serios riesgos de frenarse debido a una conjunción de factores que se manifiesta en diferentes ámbitos internacionales. Los mercados asiático y norteamericano están concentrando las principales inversiones en fuentes renovables, circunstancia derivada del volumen de megawatios (MW) y las facilidades que esos países ofrecen a su instalación y desarrollo. La UE, que antes de la pandemia había fijado unos objetivos ambiciosos, se está quedando atrás como consecuencia de su lentitud y descoordinación en la política común en materia energética. España, por su parte, acaba de penalizar los rendimientos de las empresas eléctricas como consecuencia de la subida del precio de la luz; cuando la razón está en el gas y el petróleo –combustibles fósiles–, cuyos precios se han disparado por diversas razones geoestratégicas. Esta inseguridad jurídica provoca la huida de nuevas inversiones, cuando no la caída de centros empresariales, como la fábrica de Vestas en Viveiro, que lleva veintidós años suministrando generadores y cuadros eléctricos a los parques eólicos. Su anunciado cierre es una pésima noticia para la comarca y para el propio sector. Pero la explicación es sencilla: Si no hay MW en desarrollo, no hay fábricas.
En Galicia nos encontramos con que se instalaron 700 MW eólicos en los últimos once años, unos 400 en 2019 tras el parón y unos 100 en la pandemia; y en la actualidad no se está construyendo ningún parque eólico. EGA venía reivindicando desde hace un par de años la instalación de 400-500 MW anuales para poder mantener el ritmo de inversiones y empleo, principalmente en la industria auxiliar, algo que no se está cumpliendo. La realidad es que en los últimos dos años la Xunta publicó 41 parques que suman 1.163 MW y el Ministerio, 33 que suman 2.700 MW. La mayoría de los parques del Ministerio fueron informados negativamente por la Xunta por estar fuera de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE). Por su parte, la Xunta, aprobó en el mismo período de los dos últimos años 10 declaraciones ambientales, que afectan a 200 MW, y 12 autorizaciones administrativas, que afectan a 250 MW. Son cantidades claramente insuficientes, y aun así algunos mantienen una oposición sistemática a la energía eólica, que es la principal arma que tenemos en nuestra tierra para luchar contra el cambio climático, así como una herramienta decisiva para atraer inversiones, generar empleo y riqueza, y en definitiva mejorar nuestra calidad de vida. Hace un par de años teníamos en el sector gallego más de 7.000 empleos, pero en el último año y medio hemos perdido un millar. Por todo ello necesitamos seguir implantando energía eólica en nuestro territorio en plena era de electrificación de la economía.
Hablamos de implantar una energía limpia y sostenible, más necesaria que nunca. Sin ir más lejos, la Secretaría de Estado de Comercio publicó estos días un balance en el que señala que el precio de las importaciones de combustibles de Galicia creció un 51%. Frente a las voces que hablan de que Galicia exporta energía, la realidad dice que entre el 70 y el 80 por ciento de la energía primaria que se consume en Galicia habitualmente procede de combustibles fósiles importados. Así que estamos obligados a llegar a un acuerdo político y social a favor de la energía eólica, verde y sostenible, en vez de demonizarla; porque, además, forma parte de la recuperación económica post-COVID. En caso contrario, la incipiente transición energética habría terminado. Y las consecuencias ambientales y económicas serán incalculables.